El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) está resultando ser un hito para todos aquellos que desarrollamos nuestra actividad en el sector de la construcción. Para alinearnos con las normativas europeas, a mediados de junio entraba en vigor la Ley de Calidad de la Arquitectura y la Ley de Medidas Urgentes para Impulsar la Actividad de Rehabilitación Edificatoria, con importantes deducciones fiscales por obra de mejora de eficiencia energética. Y aún falta por aprobar la Ley de Vivienda, que consagrará a esta última como uno de los pilares del Estado del Bienestar y ayudará a consolidar un parque público de viviendas.

Vamos por partes porque las novedades son tantas que, o se está pendiente del BOE, o es fácil perderse. A inicios de julio, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, suscribía con ocho comunidades y ciudades autónomas (Aragón, Canarias, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla) un convenio, por importe superior a los 600 millones de euros, para la ejecución del Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025.

Este Plan Estatal cuenta con cuatro tipos de programas para facilitar el acceso a una vivienda: incrementar el parque de viviendas de alquiler, erradicar la infravivienda y el chabolismo, mejorar la accesibilidad y, finalmente, sufragar seguros de protección de las rentas del alquiler a los propietarios. El Estado aporta el 73% de los fondos y el resto, las comunidades y ciudades autónomas. Ayudará a los jóvenes a independizarse y a las familias vulnerables, a no quedarse en la calle por circunstancias sobrevenidas. Pero este es solo uno de los nuevos pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En paralelo y hace menos de un mes, entraban en vigor dos leyes: la Ley de Calidad de la Arquitectura y la Ley de Medidas Urgentes para impulsar la Actividad de Rehabilitación Edificatoria. Empecemos por esta última.

Ley de Medidas Urgentes para impulsar la Actividad de Rehabilitación Edificatoria

Esta Ley de Medidas Urgentes para la rehabilitación de edificios es el resultado de la tramitación por Ley del Real Decreto aprobado en octubre del año pasado, que habilitaba ayudas para la rehabilitación y obras de mejora de la eficiencia energética de edificios y viviendas particulares.

La ley introduce ahora mejoras como la reducción a mayoría simple del respaldo necesario en las comunidades de propietarios para aprobar las actuaciones de rehabilitación y solicitar financiación y ayudas públicas. Además se articulan medidas para facilitar el acceso a la financiación bancaria, se introducen deducciones en las cuotas de IRPF –de hasta de un 60% en las actuaciones que mejoren las calificaciones a “A” o “B” en edificios residenciales– y las ayudas no se integrarán en la base imponible de los perceptores, de modo que se elimina cualquier tipo de impacto o imposición fiscal por haber recibido una subvención.

La Ley de Calidad de la Arquitectura

La Ley de Calidad de la Arquitectura, por su parte, es la primera ley española que tiene por objeto proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura como bien de interés general. A su vez, tiene como fin impulsar la protección del patrimonio arquitectónico fomentando su conservación, impulsando la investigación, la innovación, la digitalización, la industrialización y la creatividad, de modo que la calidad sea el principio que impulse la contratación pública.

Esta ley se enmarca entre las iniciativas legislativas europeas de fomento de la eficiencia energética, las energías renovables y la lucha contra la pobreza energética y promueve la aplicación del principio “primero, la eficiencia energética” que acordó la Comisión Europea a finales de septiembre de 2021. Por otro lado, se alinea también con la iniciativa europea de conservar el patrimonio cultural, tanto en áreas urbanas como rurales, siempre desde la transición hacia una economía limpia y circular, que reduzca la contaminación y las emisiones protegiendo la biodiversidad.

Próximamente: la Ley de Vivienda y el Plan para el Alquiler Asequible

Hasta aquí hemos visto los tres primeros pilares del Plan de Estatal de Vivienda 2022-2025. El cuarto es el proyecto de Ley de Vivienda, que actualmente está en trámite parlamentario, con el que se modifica el marco normativo para que las viviendas dejen de ser exclusivamente un bien de mercado y cumplan con su función social, controlando las subidas abusivas de precios. Otra demanda de Europa a la que quedaron supeditados los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y el quinto y final es el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible con el que se pretende incrementar el parque público en 100.000 viviendas, 54.000 de las cuales serán de nueva construcción y las 56.000 unidades restantes se incorporarán al parque público mediante la concertación con agentes privados.

Si reconvertimos a euros, este empujón a la arquitectura y la rehabilitación supone un total de 3.920 millones de euros en 2022 y en torno a otros 10.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Y esto ya se traduce en que nuestro sector ha cerrado junio con un 32% más de actividad con respecto a junio de 2021 y solo 227.146 desempleados, la cifra más baja de los últimos 15 años. Mientras que el número de empleados alcanza los 1,347 millones, el nivel más alto de afiliación registrado en junio desde 2011. La coyuntura inflacionista y la crisis energética y de materias primas está generando incertidumbre e incluso ralentizando un poco la actividad constructora, pero en términos globales vivimos un momento dulce y en clara transición hacia una edificación más limpia, circular y ecológica.